A estas alturas todos os habréis enterado del revuelo generado estos días por el Gobierno. Aprovechando el marco de cajón de sastre que propicia la super-Ley de Economía Sostenible, el Ministerio de Cultura incluyó en el anteproyecto una disposición adicional que permitía la creación de un órgano administrativo capacitado para cerrar páginas web (u ordenar el bloqueo al acceso si están fuera del país) si en estas se infringía la ley, específicamente diseñado para perseguir los delitos contra la propiedad intelectual.
En cuanto este detalle salió a la luz pública de tapadillo (ya que ni lo explicó la vicepresidenta de Economía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó el texto, ni el propio Presidente ante el Congreso) se armó el belén. El Manifiesto que reproduje en el post anterior fue la reacción civil y se hizo tanto ruido con la protesta que primero la ministra de Cultura tuvo que reunirse con unos cuantos para intentar apaciguar la situación y, visto que no coló, luego tuvo que salir el propio Presidente a dar marcha atrás y decir que si es necesario aclarar el texto, se hará.
¿No se ha montado mucho alboroto por algo destinado a salvaguardar la ley y el derecho? Como decía al principio, lo que se persigue es acabar con la piratería. ¿Qué puede tener eso de malo? ¿Están protestando los "piratas" para defender el "derecho adquirido" a seguir "robando" como hasta ahora?
La respuesta es que no, por mucho que el lobby de la industria cultural pretenda hacernos creer que sí. Bastante me he extendido ya explicando lo sucedido como para entrar encima en detalles de por qué el P2P no es piratería. Porque la cuestión no es si la "piratería" es delito o no, sino la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas.
Nuestra constitución determina que es el poder judicial el que decide qué conductas son constitutivas de delito. ¿Por qué hacer una excepción con la vulneración de la propiedad intelectual? No sería un juez, sino un órgano del ejecutivo, el que ordenaría el cierre de una web. Si en vez de simples páginas web hablásemos de medios de comunicación tradicionales (que también pueden cometer delitos, preguntadle a El Jueves), sólo un juez está capacitado para realizar el secuestro de una publicación. Para registrar una casa, o una empresa, o detener a una persona, hacen falta órdenes judiciales. Lo que el Gobierno pretendía se salta estas garantías jurídicas y nos retrotrae a lo que sucedía en tiempos predemocráticos.
El lobby de la industria y la ministra de Cultura se defienden diciendo que habrá control judicial posterior. Ningún medio de comunicación entendería que esto suponga ningún tipo de garantía, ya que entre el cierre y la última decisión judicial es inevitable que pase el tiempo, y si finalmente el juez falla en favor del demandado, el daño de limitación al acceso a ese medio ya está hecho. Los programas no se han emitido, los periódicos o revistas no se han vendido, se produce un perjuicio económico, pero sobre todo se limita la difusión de una información legal. Por eso tiene que ser un juez independiente el que lo ordene. Ex post no es lo mismo que ex ante.
Además, esto va más allá de las descargas. El plagio es un delito contra la propiedad intelectual. Si yo reproduzco un texto, citándolo, ¿lo estoy plagiando? Cuando una web copia y pega una noticia de un medio, para darla difusión, ¿está plagiando? Personalmente, a mi no me vale con que el Presidente diga "no se va a cerrar ningún blog". Me quedo con que la ley les permitiría hacerlo. Y ya vendría luego un juez a ver si se había cerrado de acuerdo a derecho o no, pero de momento la censura (temporal) ya estaría impuesta. Fiarse del buen criterio de un órgano cuyos miembros están nombrados por políticos es lo mismo que fiarse de las buenas intenciones de un político.
Por todo esto me alegro del éxito (relativo) alcanzado por la movilización. Se ha logrado que los medios hablen de ello, que los políticos lo anoten en sus agendas. Esto no acaba aquí, ni mucho menos.
Sé que no es biología, ni evolutiva ni de ningún otro tipo. Tampoco es política científica, o comunicación de la ciencia. No es ninguno de los temas que por aquí se discuten normalmente. Espero por ello que sepan disculparme. El asunto, creo, merece la pena.
En cuanto este detalle salió a la luz pública de tapadillo (ya que ni lo explicó la vicepresidenta de Economía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó el texto, ni el propio Presidente ante el Congreso) se armó el belén. El Manifiesto que reproduje en el post anterior fue la reacción civil y se hizo tanto ruido con la protesta que primero la ministra de Cultura tuvo que reunirse con unos cuantos para intentar apaciguar la situación y, visto que no coló, luego tuvo que salir el propio Presidente a dar marcha atrás y decir que si es necesario aclarar el texto, se hará.
¿No se ha montado mucho alboroto por algo destinado a salvaguardar la ley y el derecho? Como decía al principio, lo que se persigue es acabar con la piratería. ¿Qué puede tener eso de malo? ¿Están protestando los "piratas" para defender el "derecho adquirido" a seguir "robando" como hasta ahora?
La respuesta es que no, por mucho que el lobby de la industria cultural pretenda hacernos creer que sí. Bastante me he extendido ya explicando lo sucedido como para entrar encima en detalles de por qué el P2P no es piratería. Porque la cuestión no es si la "piratería" es delito o no, sino la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas.
Nuestra constitución determina que es el poder judicial el que decide qué conductas son constitutivas de delito. ¿Por qué hacer una excepción con la vulneración de la propiedad intelectual? No sería un juez, sino un órgano del ejecutivo, el que ordenaría el cierre de una web. Si en vez de simples páginas web hablásemos de medios de comunicación tradicionales (que también pueden cometer delitos, preguntadle a El Jueves), sólo un juez está capacitado para realizar el secuestro de una publicación. Para registrar una casa, o una empresa, o detener a una persona, hacen falta órdenes judiciales. Lo que el Gobierno pretendía se salta estas garantías jurídicas y nos retrotrae a lo que sucedía en tiempos predemocráticos.
El lobby de la industria y la ministra de Cultura se defienden diciendo que habrá control judicial posterior. Ningún medio de comunicación entendería que esto suponga ningún tipo de garantía, ya que entre el cierre y la última decisión judicial es inevitable que pase el tiempo, y si finalmente el juez falla en favor del demandado, el daño de limitación al acceso a ese medio ya está hecho. Los programas no se han emitido, los periódicos o revistas no se han vendido, se produce un perjuicio económico, pero sobre todo se limita la difusión de una información legal. Por eso tiene que ser un juez independiente el que lo ordene. Ex post no es lo mismo que ex ante.
Además, esto va más allá de las descargas. El plagio es un delito contra la propiedad intelectual. Si yo reproduzco un texto, citándolo, ¿lo estoy plagiando? Cuando una web copia y pega una noticia de un medio, para darla difusión, ¿está plagiando? Personalmente, a mi no me vale con que el Presidente diga "no se va a cerrar ningún blog". Me quedo con que la ley les permitiría hacerlo. Y ya vendría luego un juez a ver si se había cerrado de acuerdo a derecho o no, pero de momento la censura (temporal) ya estaría impuesta. Fiarse del buen criterio de un órgano cuyos miembros están nombrados por políticos es lo mismo que fiarse de las buenas intenciones de un político.
Por todo esto me alegro del éxito (relativo) alcanzado por la movilización. Se ha logrado que los medios hablen de ello, que los políticos lo anoten en sus agendas. Esto no acaba aquí, ni mucho menos.
Sé que no es biología, ni evolutiva ni de ningún otro tipo. Tampoco es política científica, o comunicación de la ciencia. No es ninguno de los temas que por aquí se discuten normalmente. Espero por ello que sepan disculparme. El asunto, creo, merece la pena.
