A estas alturas todos os habréis enterado del revuelo generado estos días por el Gobierno. Aprovechando el marco de cajón de sastre que propicia la super-Ley de Economía Sostenible, el Ministerio de Cultura incluyó en el anteproyecto una disposición adicional que permitía la creación de un órgano administrativo capacitado para cerrar páginas web (u ordenar el bloqueo al acceso si están fuera del país) si en estas se infringía la ley, específicamente diseñado para perseguir los delitos contra la propiedad intelectual.
En cuanto este detalle salió a la luz pública de tapadillo (ya que ni lo explicó la vicepresidenta de Economía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó el texto, ni el propio Presidente ante el Congreso) se armó el belén. El Manifiesto que reproduje en el post anterior fue la reacción civil y se hizo tanto ruido con la protesta que primero la ministra de Cultura tuvo que reunirse con unos cuantos para intentar apaciguar la situación y, visto que no coló, luego tuvo que salir el propio Presidente a dar marcha atrás y decir que si es necesario aclarar el texto, se hará.
¿No se ha montado mucho alboroto por algo destinado a salvaguardar la ley y el derecho? Como decía al principio, lo que se persigue es acabar con la piratería. ¿Qué puede tener eso de malo? ¿Están protestando los "piratas" para defender el "derecho adquirido" a seguir "robando" como hasta ahora?
La respuesta es que no, por mucho que el lobby de la industria cultural pretenda hacernos creer que sí. Bastante me he extendido ya explicando lo sucedido como para entrar encima en detalles de por qué el P2P no es piratería. Porque la cuestión no es si la "piratería" es delito o no, sino la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas.
Nuestra constitución determina que es el poder judicial el que decide qué conductas son constitutivas de delito. ¿Por qué hacer una excepción con la vulneración de la propiedad intelectual? No sería un juez, sino un órgano del ejecutivo, el que ordenaría el cierre de una web. Si en vez de simples páginas web hablásemos de medios de comunicación tradicionales (que también pueden cometer delitos, preguntadle a El Jueves), sólo un juez está capacitado para realizar el secuestro de una publicación. Para registrar una casa, o una empresa, o detener a una persona, hacen falta órdenes judiciales. Lo que el Gobierno pretendía se salta estas garantías jurídicas y nos retrotrae a lo que sucedía en tiempos predemocráticos.
El lobby de la industria y la ministra de Cultura se defienden diciendo que habrá control judicial posterior. Ningún medio de comunicación entendería que esto suponga ningún tipo de garantía, ya que entre el cierre y la última decisión judicial es inevitable que pase el tiempo, y si finalmente el juez falla en favor del demandado, el daño de limitación al acceso a ese medio ya está hecho. Los programas no se han emitido, los periódicos o revistas no se han vendido, se produce un perjuicio económico, pero sobre todo se limita la difusión de una información legal. Por eso tiene que ser un juez independiente el que lo ordene. Ex post no es lo mismo que ex ante.
Además, esto va más allá de las descargas. El plagio es un delito contra la propiedad intelectual. Si yo reproduzco un texto, citándolo, ¿lo estoy plagiando? Cuando una web copia y pega una noticia de un medio, para darla difusión, ¿está plagiando? Personalmente, a mi no me vale con que el Presidente diga "no se va a cerrar ningún blog". Me quedo con que la ley les permitiría hacerlo. Y ya vendría luego un juez a ver si se había cerrado de acuerdo a derecho o no, pero de momento la censura (temporal) ya estaría impuesta. Fiarse del buen criterio de un órgano cuyos miembros están nombrados por políticos es lo mismo que fiarse de las buenas intenciones de un político.
Por todo esto me alegro del éxito (relativo) alcanzado por la movilización. Se ha logrado que los medios hablen de ello, que los políticos lo anoten en sus agendas. Esto no acaba aquí, ni mucho menos.
Sé que no es biología, ni evolutiva ni de ningún otro tipo. Tampoco es política científica, o comunicación de la ciencia. No es ninguno de los temas que por aquí se discuten normalmente. Espero por ello que sepan disculparme. El asunto, creo, merece la pena.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Suscribo este manifiesto, aunque me gustaría decir que incluir la crítica al modelo de negocio de la industria cultural me parece un error, puede distraer de lo importante, que es la defensa de los derechos cívicos en Internet.
El tema de los recortes presupuestarios en materia de investigación científica sigue coleando. La semana pasada Garmendia echaba balones fuera y decía que si los ayuntamientos quieren, se podría llegar a un incremento del 8% a cargo de los planes especiales anticrisis. Desde luego que implicar a las administraciones locales en el desarrollo de infraestructuras científicas y tecnológicas es algo no solo positivo sino necesario. De estas infraestructuras tambien se generan beneficios locales, así que es lógico que los ayuntamientos y las regiones puedan y deban apostar por el sector. Pero es que además la competencia entre municipios por albergar centros de excelencia solo puede conducir a una "guerra de armamentos" beneficiosa para todos, como ya pasa entre algunas autonomías.
Pero una cosa es la creación de infraestructuras y otra la financiación de proyectos, y en concreto el apoyo a la investigación básica. Esta semana la prestigiosa revista Nature publica un editorial criticando el cambio de política del Gobierno*. En él se culpa directamente a la ministra Garmendia. Puede que ella no esté de acuerdo con los recortes, es muy posible que las órdenes vengan de arriba, de la vicepresidencia económica o incluso el propio presidente, pero lo que sí que es cierto es que ella se ha dedicado a salvar la cara del Gobierno en esta materia. Alguien que viene del mundo investigador, fichaje del gobierno para representar su apuesta por el cambio de modelo del país, que no tiene ataduras políticas o ideológicas, podría perfectamente escenificar su plante con una sonada dimisión. Pero no lo hace.
Solo ha pasado año y medio, aún hay tiempo para dar la vuelta, hay varios proyectos interesantes en marcha que tienen que llegar a desarrollarse del todo. Este es el típico argumento de quien está profundamente implicado con algo. Pero la pasión y los ideales a veces limitan la perspectiva. Si Garmendia y su equipo creen que hacen mayor bien quedándose que yéndose, puede que tengan razón. También puede que se equivoquen. Solo una decisión, y el tiempo, resolverán la cuestón. Pero precisamente tiempo es lo que no tiene que perder España si no quiere que los de siempre vuelvan a abrir la brecha que nos separa de ellos.
* Si queréis leerlo en español, Pere Estupinya lo ha traducido en su blog.
La ciencia en España no necesita tijeras. Como lema para una campaña contra los recortes presupuestarios no está mal, aunque la ciencia en España en realidad sí que necesita tijeras. Y pinzas, escalpelos y punzones. Y microscopios, y espectrómetros, y telescopios y sincrotrones. Y, sobre todo, necesita gente que sepa usarlos. 
Llevo una semana queriendo escribir sobre esto, y no puedo. Me faltan datos. No porque no estén ahí, sino porque no me fío de ellos. Que va a haber recortes parece algo seguro. Lo que no está tan claro es la magnitud del recorte. ¿Estamos hablando de una bajada del presupuesto en I+D o de la asignación del Ministerio de Ciencia? ¿Son lo mismo los créditos que las subvenciones? Si uno lee El País, parece que todo baja. Garmendia se defiende dando datos de partidas concretas que suben. Como digo, faltan datos. Haría falta tener una serie histórica, partida por partida, y en la que los indicadores globales se calculen de la misma manera. Pero esto es imposible. Las competencias cambian de ministerio, las partidas se renombran, fusionan o separan a gusto del político y todo seguimiento histórico detallado se desvirtúa. Este año sonaba el nombre de un español para el Nobel de Física. No ha podido ser, pero ya le llegará su turno a Cirac. Eso sí, como Severo Ochoa, su investigación merecedora del premio no se realiza en España. No es el único español que merece el Nobel. Margarita Salas, Mariano Barbacid y algún otro más están pendientes de que caiga el galardón. Todos por investigaciones realizadas fuera. Ayer estuve echando un ojo al Ranking de Leiden, un listado de las mejores universidades del mundo, establecido exclusivamente en base a criterios bibliométricos, tanto intensivos como extensivos. Las mejores, de EEUU. En Europa, Reino Unido y Suiza. Todo es una cadena lógica. Los que más invierten, más producen. Los que más producen, más reciben. Sean artículos, patentes o premios Nobel, midamos lo que midamos, los países que más apuestan por la I+D avanzan más y más rápido. No es una apuesta a corto plazo, desde luego. Los efectos no se notan al día siguiente, ni siquiera a tiempo de las siguientes elecciones. Los países líderes de hoy son los que hace 50 años apostaron por un modelo productivo basado en el conocimiento. ¿Dónde queremos estar nosotros dentro de 50 años?
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